Empresario asegura que Zapata, Choque y Zuleta negociaron en la Presidencia
LA PAZ |
El empresario José Antonio Acep confirmó hoy, en audiencia de juicio oral, que Gabriela Zapata, Cristina Choque y el abogado Walter Zuleta negociaron con interesados, en ambientes de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, la apertura de una Cámara del Juego, para ello pedían la suma de 50 mil dólares a fin de tramitar en distintos ministerios la apertura de este negocio.
Choque era jefa de la Unidad de Gestión Social y supuestamente autorizaba el ingreso de Zapata, a ese predio, para entablar negocios con distintos empresarios.
"Fui a presentar (en ambientes del Ministerio de la Presidencia) mi proyecto que quería realizar. Estaba la señora Zapata, Choque, el esposo de Choque (Juan José Flores) y estaba el señor Sigfrido Antelo", aseguró Acep.
El empresario relató que fue convocado por Antelo a ambientes de Gestión Social donde presentó un proyecto de juegos de casinos ante Zapata y Choque, las mismas le dijeron que harían consultas pertinentes y le darían la respuesta sobre la viabilidad o negativa del proyecto en unos días.
Posteriormente indicó que Antelo le condujo con el abogado Walter Zuleta, quien tenía experiencia en el negocio de los juegos, y éste le dijo en presencia de Zapata que "él (Zuleta) nos sugirió que habría que formar una Cámara del Juego para hacerla más sólida la empresa, quedarían unas tres o cuatro empresas".
"Di 50 mil dólares, estaba Zapata y Antelo, en la oficina entregue en las manos del doctor Zuleta, era para que él haga las gestiones ante el Ministerio de Autonomías, ante el Ministerio de Hacienda", apuntó Acep.
Aseguró que sostuvo reuniones en gestión social unas tres ocasiones y en casa de Zapata al menos dos con el fin de viabilizar el proyecto que finalmente no se concretó y tampoco recuperó su dinero.
Detalló que en una de las reuniones que sostuvo con Zapata, ella se encontraba aparentemente con su pareja, un ciudadano chino.
Actualmente Zapata, Choque y Zuleta tienen un juicio por presuntamente incurrir en delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, contribuciones y ventajas ilegítimas, uso de bienes y servicios públicos, entre otros.
