Las sombras de la masacre del hotel Las Américas
Quince años después del operativo policial en un hotel de Santa Cruz donde tres extranjeros murieron acribillados a balazos y otros dos fueron arrestados, las sombras de este asunto complican a la administración gubernamental y judicial del Estado, como efecto de las denuncias procesadas por un organismo internacional.
La versión oficial del Gobierno de Morales fue que estas y otras personas formaban parte de un complot para asesinar al presidente, al vicepresidente y al cardenal de entonces. Nada de eso se ha comprobado.
Los sobrevivientes y otras tres personas acudieron, el año 2019, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando al Estado Plurinacional de Bolivia por los hechos que fueron víctimas, ellos o sus allegados, en el marco del operativo policial y actos posteriores.
Hubo violaciones a los derechos humanos de los ejecutados y los arrestados, así lo señala un informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año 2021.
La CIDH formula, en ese informe, cuatro recomendaciones para el Estado boliviano, entre ellas “iniciar una investigación penal” contra las autoridades en funciones el año 2009. Ninguna fue cumplida.
Los plazos se fueron venciendo. “La petición más avanzada es la de (Elod) Töasö-(Mario) Tadic (...) si no cumplimos las recomendaciones o si no aseguramos razonablemente su cumplimiento seguramente el caso se irá a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) donde ya comienza la etapa de litigio”, afirmaba hace unos días el Procurador General del Estado.
El 11 de abril recién pasado, la Procuraduría en representación del Estado presentó un informe del grado de cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y además hizo algunas solicitudes.
“Esta semana que viene va a ser crucial, concretamente hasta el 26 de abril, esperemos que la CIDH se pronuncie sobre esas solicitudes”, indica el Procurador.
Si una investigación imparcial interna demuestra que se trató de un enfrentamiento entre los miembros de la Policía y las personas que componían este grupo, se desechará la hipótesis de que fue un operativo con el fin exclusivo de ejecutar a estas personas que, según el Gobierno de entonces, fueron traídos por políticos de la oposición.
La sombra de lo que sucedió el 16 de abril de 2009 podría despejarse gracias a la acción de la justicia internacional, lo que sentaría un precedente para el esclarecimiento, mediante procesos imparciales y despolitizados, de lo que en verdad ocurrió en Pando, en la masacre de Porvenir, en 2008, y en Senkata y Sacaba, en 2019.
