Modificar la Ley 348
El Estado “asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres” declara el artículo 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348 del 9 de marzo de 2013), cuyo propósito general: “garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien”, no se está cumpliendo a juzgar por el número de casos de feminicidios que ocurren en Bolivia.
En lo que va de este año, según datos oficiales, en promedio cada día 107 mujeres son víctimas de violencia familiar o doméstica y cada seis días se registra un feminicidio, mencionaba el Defensor del Pueblo el jueves pasado, al referirse a la necesidad de efectuar modificaciones a la Ley 348.
El tema de la violencia contra la mujer y los posibles cambios que sería conveniente aplicar en la mencionada normativa cobró relevancia por una infortunada declaración del Presidente del Senado, que la llamó “ley antihombres”, y un proyecto legislativo —actualmente en consideración en la Cámara Alta— que propone la participación de peritos para evaluar “la veracidad del testimonio de la víctima, que constituye prueba fundamental que debe ser necesariamente corroborada por otros medios de prueba”.
Tanto la declaración del Presidente del Senado como la mencionada iniciativa legislativa —presentada por una senadora— provocaron el rechazo de colectivos femeninos que consideran a ambas como amenazas a los avances logrados por la vigencia de la Ley 348.
Esos avances se traducen en un número mayor de juicios y sentencias por feminicidio o violencia de género, y porque los casos de agresiones a mujeres cobraron mayor visibilidad desde hace 11 años, pues la ley establece mecanismos que facilitan a las víctimas denunciar los abusos que antes callaban.
Pero ello es insuficiente para detener, o al menos disminuir de manera significativa, la violencia que sufren las mujeres. Esta realidad ha motivado diversas iniciativas para modificar la Ley 348.
La más remarcable de esas iniciativas es la emprendida por el Gobierno en 2020, en un proceso participativo cuyo propósito era formular un anteproyecto de ley para modificar la 348. Se acopiaron más de mil planteamientos de al menos 448 proponentes, entre organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, personas particulares y entidades del Estado, pero la iniciativa no prosperó.
Como lo exhorta la Defensoría del Pueblo, es urgente “priorizar el proceso de ajustes de fondo a la Ley 348 (…) que permita su actualización y desmonte estructuras patriarcales aún existentes”. Pero ninguna modificación será eficiente mientras la ciudadanía toda permanezca insensible y mire a otro lado cuando ocurren, o parecen ocurrir esas agresiones en su entorno.
